Las comunidades autónomas de
Madrid, Castilla y León y Navarra han suscrito un convenio de colaboración con
el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con el objetivo de
promover actividades de coordinación que permitan realizar el seguimiento y
valoración de los afectados por el amianto.
A partir de estos acuerdos,
publicados en el Boletín Oficial del Estado del pasado 28 de febrero,
se establecerán actuaciones conjuntas destinadas a evaluar con criterios
facultativos homogéneos el menoscabo funcional que presenten los trabajadores
afectados por patologías secundarias a la manipulación o exposición ambiental
al amianto.
Se constituirá en cada comunidad
un grupo de trabajo integrado por expertos de las respectivas Consejerías de
Sanidad y del INSS para coordinar el seguimiento de los trabajadores expuestos.
Asimismo, se establece que todo procedimiento que se inicie para evaluar la
situación de incapacidad temporal o permanente deberá incorporar los informes
con los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas y éstos serán
remitidos a la Seguridad Social.
Los convenios permanecerán
vigentes un año pudiéndose prorrogar anualmente con una duración máxima de
cuatro años.
