El Gobierno prepara una reforma
profunda de las Mutuas para que se ciñan exclusivamente a sus funciones como entidades colaboradoras
de la Seguridad Social.
En principio, estas entidades
tienen hasta el 31 de diciembre de este año para que se se desprendan y vendan
su actividad privada, que está orientada a la prevención de riesgos laborales,
tal y como se recoge en el anteproyecto de la Ley de Mutuas y su Memoria
Económica.
Las razones más importantes de
esta drástica decisión del Ejecutivo con las mutuas son las siguientes. «La utilización de una persona jurídica
instrumental de ficción [la sociedad de prevención de riesgos laborales], que
desarrolla una actividad mercantil ajena a la Seguridad Social».
Un hecho que resulta más problemático
para la Administración porque estas entidades tienen una labor pública «de suma
importancia para la que reciben un volumen de recursos públicos considerables».
Cerca de 11 millones de euros a través de las cotizaciones sociales que pagan
las empresas y los trabajadores en la cuota de enfermedades y accidentes profesionales.
La Administración sostiene que
«es muy probable que la mutua utilice todo el bagaje de información, relaciones
y posición que le otorga la gestión de la Seguridad Social en beneficio de su
sociedad mercantil, siendo que esta posición no la tendrán sus competidoras en
el mercado». Esto podría generar situaciones de «competencia desleal y abuso de
posición dominante» en el mercado de la
prevención de riesgos laborales.
